El municipio de Soledad se encuentra en alto riesgo de enfrentar multimillonarios costos económicos ante la eventualidad de contratar un posible nuevo operador para prestar los servicios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con la iniciativa promovida por el Alcalde Rodolfo Ucrós Rosales.

Se trata de una serie de hechos que no están definidos entre el municipio y la Triple A que podría generar una percepción de grave riesgo entre los interesados a operar las zonas a concesionar por parte de la Alcaldía.

Concretamente, la situación se relaciona con aspectos que no se han podido conciliar a lo largo de los 20 años de concesión y que podrían conducir a posibles procesos judiciales entre la Triple A y el municipio. 

En efecto, uno de esos hechos es que el municipio le adeuda a Triple A más de 60 mil millones de pesos por concepto de déficit de subsidios otorgados a los usuarios.

Ello corresponde a varios períodos del contrato en los cuales el municipio no cumplió con el pago de los recursos para cubrir los subsidios otorgados a los usuarios, de acuerdo con lo establecido en la regulación del sector de acueducto y alcantarillado.

Para los expertos consultados, el incumplimiento de esta obligación se constituye en una mala señal para el municipio y que no sería bien vista por el operador que esté interesado. 

Lo que genera un gran interrogante: ¿Está el municipio en condiciones de asumir el pago de esta multimillonaria deuda?

A lo anterior se suma el hecho que el contrato de concesión señala que el municipio pagará a la Triple A el monto no amortizado de las inversiones ejecutadas por la empresa, en aquellos mercados que revertirá al ente territorial junto con la infraestructura asociada.

Esto implicaría una posible reducción de la capacidad financiera del municipio a futuro en el contrato con el nuevo operador, en materia de subsidios y/o inversiones.

Sin embargo, el municipio asegura que es la Triple A quien adeuda por este concepto, lo que genera otra controversia con riesgo para un eventual futuro contrato.

Planta de tratamiento

Otro de los hechos relevantes que podría generar serios inconvenientes en este proceso, es el relacionado con la construcción, por parte de la Triple A, de una planta de tratamiento de agua potable en Soledad, de 900 litros por segundos, con el fin de reponer la infraestructura asumida en su momento y ampliar la capacidad recibida en 80%.

El objetivo de este proyecto es garantizar el suministro del servicio de acueducto a la población localizada en las zonas a revertir, según lo estipulado en la concesión vigente.

Este proyecto también incluye una nueva captación en un sitio estratégico del río Magdalena sin inconvenientes con la calidad del agua y en donde el caudal tampoco ponga en riesgo un posible desplazamiento en el futuro.

Para la ejecución del proyecto la concesión estableció una serie de obligaciones al municipio en cuanto al suministro de predios, servidumbres y licencias de obras, debido a que para un ente territorial estas acciones resultan más eficientes que si las realiza directamente un particular, tratándose de la prestación de servicios públicos.

Sin embargo, el problema actual radica en el hecho que el municipio no ha aportado los predios y servidumbres requeridos para la construcción de la nueva planta, lo que dificultaría y retrasaría la ejecución de la obra y la implementación de cualquier esquema futuro de prestación de servicios.

En este sentido lo que para los entendidos llama la atención es el hecho que, además de no cumplir con las obligaciones contractuales, el municipio esté requiriendo al operador (Triple A) por incumplir los plazos, situación que tampoco pasaría desapercibida para los potenciales interesados.

Las obras inconclusas

Según los especialistas de este tema, el municipio ejecutó múltiples obras de acueducto y alcantarillado en desarrollo de la concesión vigente, muchas de las cuales presentarían “no conformidades” que no habrían sido subsanadas, por lo cual no entraron en operación.

Esta situación también habría dificultado el cumplimiento de las metas del contrato por la no entrada en funcionamiento de dichos componentes, lo que podría implicar sobrecostos para los usuarios ya que deberán invertirse recursos adicionales para corregir tales falencias e ineficiencias.

Ante ello, lo que ha trascendido es que el municipio pretende que los operadores asuman estos sobrecostos y la responsabilidad de su correcto funcionamiento a futuro, sin tener en cuenta que la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios) prohíbe expresamente el traslado de costos ineficientes a la tarifa. 

Como consecuencia de lo anterior, los sobrecostos derivados de las ineficiencias del municipio serían pagadas con las utilidades del operador. 

Por estas y otras circunstancias de riesgos para los usuarios y el propio municipios es que los expertos plantean que antes de un acelerado proceso escogencia de un posible nuevo operador, deben adelantarse estudios integrales que permitan seleccionar el mejor esquema factible para garantizar la continuidad  de los servicios, mejorando los indicadores actuales, sin generar incrementos tarifarios para la población ni altos costos económicos para el ente territorial, que no tendría la capacidad suficiente para asumirlos de manera eficiente sin poner en peligro la operación.

En pocas palabras, un retroceso en esta materia traería graves consecuencias para toda la población.